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http://radioprogresohn.net https://honduprensa.wordpress.com 27 junio, 2014
Los Horcones
A 39 años prevalece impunidad en masacre de Los Horcones
Fue una noche del 14 de junio de 1975, cuando producto de la lucha campesina, 14 personas fueron asesinadas en la hacienda Los Horcones, Olancho, hecho que hasta le fecha continúa en la impunidad como la mayoría de sucesos en nuestro país. Esa noche hace 39 años, el terrateniente Manuel Zelaya, padre del expresidente del mismo nombre, autorizó al Sub teniente Benjamín Plata para que se instalara en la hacienda Los Horcones con un grupo de militares. El Mayor Enrique Chinchilla, fue contratado para eliminar a los dirigentes campesinos organizados, que realizaban una movilización desde Santa Clara a Tegucigalpa para demandar el acceso a la tierra. Esta es una de las matanzas más crueles que registra la historia del agro hondureño. La masacre tuvo como principales protagonistas a las Fuerzas Armadas, al gobierno de Juan Alberto Melgar Castro y terratenientes de la zona, entre ellos Zelaya. Previo al múltiple crimen, los campesinos organizaron varias movilizaciones, entre ellas: la toma de los juzgados de varias ciudades, el desarrollo de concentraciones masivas con interrupción de tráfico en carreteras y se había anunciado una protesta nacional para el 25 de junio de 1975. El 25 de junio, catorce personas se dirigían a Tegucigalpa, para participar en la movilización contra el hambre, que consistía en la exigencia dirigida al gobierno para que hiciera el reparto de tierras improductivas entre jornaleros. Pero una noche antes, los campesinos de Olancho pernoctaron en Juticalpa y pasaron la noche en el Centro de Capacitación Santa Clara, en donde agentes del Departamento de Investigación Nacional (DIN), sacaron violentamente a los que se encontraban adentro y los llevaron a la hacienda Los Horcones donde los torturaron y luego asesinaron. Como parte final de la tortura, les quitaron la vida y arrojaron sus cuerpos a un pozo de 40 metros, que después se cerró con la explosión de dinamita, esto, para eliminar las pruebas.
Responsables Al pasar el tiempo, la exigencia de justicia tomó fuerza en las organizaciones populares, por esta razón se presionó para que se iniciarán las investigaciones. Sobre el crimen, los tribunales de justicia encontraron culpables al Mayor José Enrique Chinchilla, Subteniente Benjamín Plata y a los terratenientes José Manuel Zelaya Ordóñez y Carlos Bahr, quienes fueron remitidos a la penitenciaría Central. A pesar de eso salieron libres en 1980 favorecidos por un indulto otorgado por el gobierno. “Exigimos que se haga justicia, pero lamentablemente la impunidad continúa, el poco tiempo que los responsables estuvieron presos, no es suficiente para lo que hicieron y para el dolor que nos causaron al quitarnos a nuestros familiares”, dijo con tono de decepción Glenys Estrada hermana de Ruth García Mayorquín, quien fue asesinada en esta masacre. “Hasta le fecha en Juticalpa, siempre hacemos una movilización conmemorativa, en donde llevamos las fotografías de las 14 personas asesinadas y exigimos justicia, pero todo quedó en un simple recuerdo,” siguió argumentando Estrada. Paradójicamente el gobierno creó un decreto para que el 25 de junio se registre la fecha bajo el acuerdo legislativo 47-2004 y se establezca como el “Día de los Héroes por la Justicia Social en Honduras”. Pero por otro lado no se retoma el caso y no se busca aplicar la ley a los responsables de esa brutal matanza. Las víctimas de la masacre responden a los nombres de: Casimiro Cypher, padre Iván Betancourt, Máximo Aguilera (padre del dirigente de la Democracia Cristiana, Lucas Aguilera), Lincoln Coleman, Bernardo Rivera, Francisco Colindres, Fausto Cruz, Roque Ramón Andrade, Arnulfo Gómez, Ruth Mayorquín, María Elena Bolívar, Alejandro Figueroa, Juan Benito Montoya y Oscar Ovidio Ortiz. A 39 años, parece que el suceso quedará en la impunidad y como un simple recuerdo para la clase política gobernante, que lejos de buscar retomar el caso y aplicar la justicia, siguen colaborando para dejar libres a las personas que criminalizan la lucha campesina en el país.
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