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lunes, 26 de septiembre de 2011

Ocho meses sin Tatic Samuel Ruiz García

por Juan Balboa

Hace ocho meses falleció el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas Samuel Ruiz García. Hombre polémico, religioso convencido y defensor a ultranza de los derechos de los indígenas chiapanecos. Su historia es la historia contemporánea de Chiapas, México y América Latina. Sin duda el último profeta de la opción preferencial por los pobres de la Iglesia católica.

San Cristóbal de Las Casas , Chiapas.- Nuca se imagino el obispo Samuel Ruiz García que su travesía por Jerusalén, en los años cincuenta, lo volvería a realizar en el año dos mil para despedirse en Tierra Santa como obispo titular de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, una de las más importantes en América Latina.

Tampoco el sacerdote Patricio Arroyo, uno de los religiosos más cercanos a la familia Ruiz García, en León, Guanajuato, pensó que con sus gestiones, primero, para conseguirle una beca en el Seminario de León, y después, en una escuela de Roma, estaba gestando a uno de los obispos más polémicos de México en el presente siglo y sembrador de la semillas de la Teología de la Liberación en Latinoamérica.

A Samuel Ruiz García la suerte lo acompaña desde siempre: su madre embarazada no quiso que su hijo Samuel naciera en la ciudad estadounidense de Colton, California, lugar en donde junto con su esposo Maclovio trabajaban como indocumentados en el corte de la fruta.

“No quiero que mi hijo nazca en estas tierras de sufrimiento”, recordaba, en 1999, María de la Luz Ruiz García, hermana del obispo Samuel Ruiz García, quien murió el 24 de enero de 2011 en la Ciudad de México.

Maclovio Ruiz Mejía, según la hermana de don Samuel –también fallecida y sus cenizas colocadas el miércoles pasado al lado del féretro del obispo emérito de San Cristóbal de las Casas- , había vivido de carne propia el sufrimiento de los mexicanos indocumentados en Estados Unidos, razón por lo cual rechazaba a los vecinos del norte.

En los años treinta, estuvo en primera fila en las luchas campesinas sinarquista de Irapuato. María de la Luz,  la hermana que siempre estuvo al lado del obispo Samuel, evoca a su padre como un hombre que rechazaba a los norteamericanos y por eso estaba al lado de los campesinos.

“Era muy justo, él diseño y construyó tabique por tabique la casa en donde vivíamos. A Samuel lo respecto siempre.

“Cuando era joven todos los de su edad lo respetaron y le daban el paso en la banqueta. Para mi padre y Samuel primero estaba Dios antes que otra cosa.

“Mis padres eran como consejeros del barrio. Mi madre (Guadalupe García Esteban) preparaba a los niños para la primera comunión; casaba a los que no lo estaban; a los casados con problemas en su matrimonio los reconciliaba; aconsejaba a los alcohólicos y atendía a los enfermos que no tenían para curar sus enfermedades.

“Todos los problemas del barrio repercutían en la casa”, rememoraba en una entrevista con el reportero realizada en la casa diocesana de San Cristóbal de las Casas en el año 1999, a unos meses de que Samuel Ruiz García dejara de ser el obispo titular de la diócesis de San Cristóbal que presidió durante 40 años.

María de la Luz aseguraba que sus padres se fueron a vivir a San Cristóbal de las Casas, en donde también se encuentran enterrados, con el hijo obispo.

Resalta en la entrevista el “gran respeto” de sus progenitores al hijo y al obispo, y no se le borra de la mente cuando su padre Maclovio decía: “Aún con ese respeto, sé que las nalgas no las tiene consagradas, y si que puedo reprenderlo”.

En la entrevista, la hermana María de la Luz no podría dejar de comparar las bondades de su padre Maclovio con los de su hermano Samuel: “Nunca reclama Samuel, si la comida está mal nada hace”.

Después de cada comida, recordaba, agradece a los indígenas en cada dialecto. Si hay, agregaba, en una mesa extranjeros e indígenas traducía para todos (del tzotzil al inglés; del alemán al tseltal), y remata: “Samuel es como mi padre, justo y bondadoso”.

La relación entre el obispo Samuel Ruiz y su hermana Lucha, como se le conocía en la intimidad de su familia, era fuerte, eterna, grande.

Cuando el obispo Samuel Ruiz García recordaba públicamente la agresión en contra de su hermana, en 1998, siempre expresó una sensación de rabia por el atentado en contra de la vida de la persona con la que compartía y era ajena a los problemas políticos.

En una entrevista realizada en momentos del Diálogo de San Andrés, monseñor Ruiz García se refería con dolor a las agresiones a la diócesis de San Cristóbal y, desde luego, al atentado que sufrió su hermana Lucha, el cual, aseguraba, fue planeado y se pagó por ejecutarlo.

En varias ocasiones el obispo de San Cristóbal de las Casas fue agredido e intentaron asesinarlo. El 5 de noviembre de 1997 (un mes

y medio antes de la masacre de Acteal) fue emboscado, junto al obispo coadjutor Raúl Vera, en el municipio de Tila, al norte del estado, por el grupos paramilitares de Paz y Justicia.

La agresión se realizó con armas de fuego y ocurrió a las 18:40 horas, cuando acompañados de 60 personas regresaban de Guadalupe Jonapá, en el momento que transitaban por la comunidad El Crucero, controlado por Paz y Justicia.

En el interior se encontraban el párroco de Tila, Heriberto Cruz Vera (quien fue el animador el miércoles pasado de la misa masiva frente a Catedral por las honras fúnebres del prelado), dos religiosas, varios catequistas de la parroquia y el médico del dispensario.

“Nos recibieron con ráfagas de disparos que provenían del monte a una distancia de unos cien metros de los vehículos en que nos transportábamos'', recuerda en una entrevista el párroco de la Iglesia del Cristo Negro de Tila, Heriberto Cruz Vera.

Días después de la emboscada le pregunte al obispo:

-¿En qué momento sintió usted miedo o temor a una agresión física, existe un sector en especial en quererlo eliminarlo o causarle daño?

-No entiendo la razón de ser de la pregunta ¿Si Cristo como hombre tuvo miedo en Gethzemani, ante su próxima pasión, le resta algo a ella?

“Si hay amenazas, si agredieron de muerte a mi hermana en mi propio domicilio (don dinero ofrecido de por medio y una libertad de rápida para el agresor); si con apoyo de ciertos niveles de autoridad se amenazó con quemar la Catedral y fue agredida la casa episcopal, habiendo sido documentado el caso con numerosas fotografías de quienes lo hicieron. ¿Cabe la pregunta de si hay un sector especial que quiera causar daño?

“Si los agentes de pastoral expulsados con lujo de violencia sigue siendo un hecho vergonzoso, y si permanecen inexplicablemente cerrados varios templos de la diócesis. ¿Cabe aún la pregunta?”

El obispo de San Cristóbal de Las Casas rechazaba que la situación que se dio en 1993 cuando se pidió su traslado, haya tenido causas intraeclesiásticas, pues aseguraba que desde esferas oficiales (el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari) pidió su remoción de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

Pastoral bajo la violencia

La diócesis de San Cristóbal de Las Casas que presidió durante 40 años obispo Samuel Ruiz fue el centro de una violencia sistemática soterrada durante cinco años (de 1995 al 2000), lo que provocó el cierre, destrucción o profanación de templos.

Las iglesias católicas ubicados en los municipios de Tila y Sabanilla, en la región de la zona norte del estado, fueron las más afectados por la violencia que en contra la Iglesia desato el gobierno del estado y federal a través del grupo paramilitar priista “Paz y Justicia”.

En Tila, la organización del Partido Revolucionario Institucional (PRI) profano los templos de las comunidades de Corosil, reconstruido después por la propia comunidad; Huanal, también reconstruida por los pobladores; Jolniextié, y Libertad Jolniextié. Seis más fueron cerrados aún con la oposición de los católicos: Miguel Alemán, El Limar, Panwits, Crucero, Masoj Grande y Pastatal.

El atrio de la iglesia de El Limar, poblado considerado el principal centro de operaciones de Paz y Justicia en el municipio de Tila, fue ocupado durante meses por el Ejército mexicano y la Policía de Seguridad Pública del Estado.

En el municipio de Sabanilla, las comunidades choles de Bebedero, Moyos, Jesús Carranza, 20 de Noviembre, Pasija de Morelos, Xuxupa y Paraíso, también fueron cerrados a fines de los años noventa.

Los municipios de Huixtán y Chenalhó siguieron en la lista con el mayor número de parroquias afectadas por la violencia. En el primero, destaca la iglesia de la comunidad de San Fernando, que fue cerrada para todos los católicos y se prohibió asistir a la eucaristía bajo la amenaza de cárcel.

En la comunidad de Yabteclum, en el municipio de Chenalhó, fue cercado con alambre la casa de los catequistas. Pero aún más grave es la prohibición de las autoridades y agentes municipales priistas del municipio de Chenalhó, para que el sacerdote sustituto del cura francés Michel Henri Jean Chante -expulsado en el 1998, después de 32 años de ser el sacerdote en el municipio de Chenalhó- tomará posesión.

El 4 de abril de 1998, el Consejo Municipal rechazó la llegada del sacerdote Pedro Arriaga y acordaron contratar a un párroco opositor al obispo Samuel Ruiz García, para que éste oficiara misa en las celebraciones católicas de Semana Santa.

Tumbalá, Chanal, San Andrés Larráinzar y Ocosingo, son los otros municipios en donde los templos permanecieron cerrados, destruidos o profanados.

Fin.

Campaña coleta contra Tatic

En las calles de San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez empezaron aparecer volantes con la imagen de Samuel Ruiz García y el siguiente pie de foto: “Comandante Samuel Ruiz”

La hoja, repartida en los últimos dos meses de 1994 y enero de 1995, estaba dividida en cuatro recuadros con seis subtítulos: Crímenes, doctrina, disfraces, compinches, recompensa y peligroso.

Acusaban al obispo de San Cristóbal de ser el encargado político de las relaciones internacionales de la organización guerrillera peruana Sendero Luminoso y del recién aparecido Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y promotor de la violencia “usando a los indígenas como carne de cañón” y de ser “compinche del subcomandante Marcos”.

Este fue el preludio de la primera agresión que sufrió el obispo, en febrero de 1995, de parte de los auténticos coletos, así se les conoce a los nacidos en la colonial San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

En noviembre de 1996, en el camino al Aguascalientes zapatista de Oventic, municipio de San Andrés aparecieron pintas de un grupo paramilitar autonombrado Máscara Roja, “Somos mascará roja, si nos quieres conocer nos venos en el infierno”.

Con letras rojas las pintas se referían al obispo Ruiz García y se presentaban como un nuevo grupo que presuntamente tenía presencia en los municipios de los Altos de Chiapas. “Ya no estamos engañados, estamos para salir”, se leía en algunas de ellas.

Casi un año después, 45 católicos –niños, mujeres, ancianos y hombres que rezaban en el momento de la agresión- miembros de la organización civil Las Abejas fueron masacrados en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó.

Pero las campañas en contra de la diócesis continuaron, principalmente en la zona norte de Chiapas.

A fines de octubre de 1997, exactamente una semana antes de la llegada a la región de monseñor Ruiz García, el grupo paramilitar priista “Paz y Justicia” realizó una campaña en más de 50 comunidades para evitar el recorrido pastoral de los obispos Samuel Ruiz García y Raúl Vera.

En un volante sin firma titulado “Doctrina diabólica” en el que aparecían la caricatura de un periódico local, Samuel Ruiz se encuentra apuntando con un rifle en forma de cruz y se lee: “Armaos los unos a los otros”.

El panfleto llama a los “compañeros” indígenas a no dejarse influenciarse por el veneno del “seños Samuel Ruiz”.

 El volante decía textualmente en sus primeros párrafos:

“…La biblia enseña que sólo hay un Dios, puede ser el único mediador entre los pobres”, en ningún momento dice que Samuel Ruiz García –“este mismo personaje esta llenos de avaricia, de orgullo, pecador y placeres”-, ya que por su culpa estamos “en un caos político y religioso”…

Expulsión de sacerdotes

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.-El Instituto Nacional de Migración (INM) mantuvo durante diez años (1990-2000) una campaña permanente de hostigamiento en contra de los sacerdotes extranjeros que colaboraban con el obispo Ruiz García.

Las agresiones contra la diócesis de San Cristóbal de las Casas se iniciaron durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, a nivel federal, y de Patrocinio González Garrido, en el estado, pero se agudizaron tras la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en enero de 1994.

Las religiosas de Santa Brígida, Miriam Hallzol (irlandesa) y María Teresa Mullock (australiana), fueron detenidas ilegalmente y hostigadas por el INM en 1998.

Un mes antes, Michel Henri Jean Chanteau, párroco de Chenalhó, fue detenido y expulsado del país, después de que el gobierno mexicano le negara la regularización de sus documentos migratorios.

Michel Chanteau, quien había cumplido 33 años de ser párroco en Chenalhó, engrosó a la lista de agresiones en contra del gobierno diocesano: encarcelamientos, expulsiones, amenazas de muerte y daños en templos.

El sacerdote francés formaba parte, desde 1994, de una lista negra de la Secretaría de Gobernación, la cual incluía a la mayoría de los curas extranjeros en la diócesis.

A partir del levantamiento armado del EZLN, Chanteau fue uno de los objetivos principales de la violencia que desataron, en el primer semestre de 1997, militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Con Chanteau, sumaron ocho los sacerdotes extranjeros -muchos de ellos con más de diez años de actividad pastoral en las zonas indígenas- que fueron expulsados de México, mientras que 15 curas abandonaron el país por presiones del gobierno mexicano.

El sacerdote belga Marcelo Rostaert, párroco del municipio de Soyatitán, fue el primer religioso detenido por cuerpos policiacos. El  22 de julio de 1990 fue arrestado y acusado de ser autor intelectual de invasiones de tierras en el municipio de Venustiano Carranza, según el expediente penal 578-B/990. El primero de agosto abandonó el país obligado por las autoridades migratorias.

A su vez, Joel Padrón González, párroco de Simojovel, lo detuvieron sin orden de aprehensión el 18 de septiembre de 1991. Sufrió cárcel en el antiguo penal estatal de Cerro Hueco, acusado de los delitos de despojo, daños, robo, amenazas, también de conspiración, portación de armas prohibidas, asociación delictuosa y hasta pandillerismo, según consta en la averiguación previa 3546\991.

Su proceso estuvo plagado de irregularidades, lo cual generó movilizaciones en Chiapas y en la ciudad de México. Sus acusadores nunca demostraron jurídicamente ninguno de los cargos y fue liberado 49 días después.

El 10 de enero de 1995, el padre Miguel de Alba Cruz sufrió un intento de homicidio en la población de Chicomuselo. Asimismo, seminaristas de San Cristóbal de las Casas fueron hostigados y amenazados de muerte 20 días después.

El 10 de febrero del mismo año, Jorge Santiago Santiago, asesor de la Comisión Nacional de Intermediación (Conai), fue detenido por ser presunto enlace con el EZLN. Se le acusó de los delitos de sedición, motín, rebelión, conspiración y terrorismo. Recupera su libertad meses después, al no aportar el órgano acusador elemento alguno de prueba para demostrar que era responsable.

En esos días, el sacerdote Víctor Anguiano, párroco de La Trinitaria, fue agredido al igual que el edificio del archivo diocesano. La curia diocesana sufrió otras agresiones en febrero de 1995. Un mes después, miembros del PRI hostigaron y amenazaron a frailes y monjas dominicos de la parroquia San Jacinto de Polonia, en Ocosingo.

Otros tres sacerdotes extranjeros de la diócesis de San Cristóbal -Rodolfo Izal Elorz (español), Jorge Alberto Barón Guttein (argentino) y Loren Riebe Estrella (estadounidense)- fueron detenidos y expulsados del país, acusados de participar en invasiones de tierras y ``organizar'' a los indígenas.

En marzo de 1996, los sacerdotes jesuitas Jerónimo Alberto Hernández López y Gonzalo Rosas Morales fueron detenidos violentamente por elementos de la Policía Judicial y Seguridad Pública del estado. Los acusaron de haber participado presuntamente en una emboscada donde murieron dos policías y cinco más fueron heridos.

En el segundo semestre del mismo año, el Instituto Nacional de Migración negó el permiso migratorio FM-3 a otros dos sacerdotes extranjeros del municipio de Salto de Agua: Joaquín Mnich, de Alemania, y Eduardo Machado, de India.CVV.